Elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron, en cumplimiento a una orden de aprehensión, a Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) vinculado a la llamada Estafa Maestra, durante la gestión de Rosario Robles.

Fuentes del órgano autónomo, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, informaron que el exfuncionario está vinculado al delito de uso indebido de atribuciones y facultades, de acuerdo con el mandamiento judicial de captura.

Las investigaciones a cargo del Ministerio Público Federal lo relacionan con el desvío de 124 millones de pesos, a través de un contrato asignado a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

La captura de De León Mojarro se realizó el pasado lunes, cuando caminaba por Paseo de la Reforma y la calle Sierra Gamón, en la zona de las Lomas de Chapultepec.

Las fuentes consultadas explicaron que durante la madrugada del martes, el ex funcionario fue presentado ante el Juez de Control Juan José Hernández Leyva, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur.

Imponen prisión preventiva justificada

La autoridad judicial certificó la legalidad de captura e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante la posibilidad de que De León Mojarro pueda evadir la acción de la justicia y darse a la fuga.

El juez de Control, Hernández Leyva, citó para el próximo sábado a la audiencia en la que se determinará si se vincula o no a proceso, al exfuncionario de la Sedesol, y, por lo pronto, permanecerá privado de la libertad en el Reclusorio Sur.

De acuerdo con las investigaciones, en contra de De León Mojarro están pendientes otras tres órdenes de captura, también relacionadas con el desvío de recursos en la Sedesol, en el caso de la Estafa Maestra.

Uno de los mandamientos de captura fue otorgado por un Juez Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México,  relacionado con el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, por el desvío de 77.8 millones de pesos, en un contrato con la Universidad Autónoma de Morelos.