Veinticinco estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra el gobierno federal después de que se anunciara la posible suspensión de programas de ayuda alimentaria, incluyendo beneficios de asistencia nutricional para familias de bajos recursos.

Los estados demandantes argumentan que la medida podría afectar a millones de personas que dependen de estos programas para su alimentación diaria, especialmente durante la inflación y la crisis económica actual.

Autoridades estatales solicitan al sistema judicial federal que impida la suspensión hasta que se revisen los fundamentos legales del gobierno estadounidense. La demanda se centra en la protección de los derechos de los beneficiarios y en garantizar el acceso a la alimentación básica.

Funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicaron que están evaluando la situación y los posibles ajustes en los programas, aunque no se han proporcionado fechas específicas sobre cambios en la asistencia.