Australia anuncia una de las leyes más estrictas del mundo sobre redes sociales
El gobierno de Australia aprobó una nueva legislación que prohíbe a menores de 16 años usar redes sociales, salvo que la plataforma verifique de manera “fiable y obligatoria” la edad del usuario.
La medida convierte a Australia en uno de los países con las regulaciones más severas sobre el acceso de menores a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y X (Twitter).
El primer ministro señaló que la prioridad es proteger la salud mental y seguridad digital de niños y adolescentes, ante el aumento de reportes de acoso, grooming y exposición a contenido inapropiado.
Verificación obligatoria: ¿cómo funcionará la restricción?
La nueva ley establece que:
- Las plataformas deberán aplicar sistemas de verificación de edad certificados por el gobierno.
- No se permitirá el acceso a usuarios menores de 16 años sin supervisión parental formal.
- Las compañías que incumplan enfrentarán multas millonarias y posibles limitaciones operativas dentro del territorio australiano.
El Ministerio de Servicios Digitales explicó que se evaluarán métodos como identificación digital, validaciones cruzadas y sistemas biométricos no invasivos, aunque descartó el uso de reconocimiento facial obligatorio.
Motivos: salud mental, adicción digital y seguridad infantil
Expertos en psicología infantil y organizaciones de protección digital han alertado sobre:
- Incremento en ansiedad, depresión y adicción a pantallas en menores.
- Oleadas de ciberacoso escolar que escalan fuera del aula.
- Riesgos de depredadores en línea, retos virales peligrosos y contenido violento.
El gobierno reconoció que la decisión podría generar debate, pero afirmó que “los beneficios superan los costos”, señalando que el ambiente digital actual “no es seguro para los menores”.
Impacto global: ¿marcará tendencia en otros países?
La legislación australiana podría influir en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, donde también se discute elevar la edad mínima o imponer verificaciones obligatorias.
Analistas advierten que la norma abrirá un debate sobre privacidad, vigilancia digital y derechos familiares, pero señalan que la presión pública para regular a las grandes plataformas continúa aumentando.
