La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado este miércoles un amparo solicitado por el empresario Gustavo Cárdenas Fuentes, vinculado al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El máximo tribunal mexicano ha tomado esa decisión horas después de que el presidente pidiera que revisaran en profundidad la situación del tío de Luis Cárdenas Palomino —antiguo alto mando policial, ahora en prisión por tortura—, que buscaba evadir un pago de 342 millones de pesos a la Hacienda. El Gobierno mexicano asegura que el empresario fue parte de la red que utilizó el zar antidrogas, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico, para desviar dinero fuera de México.

Las redes que tramó García Luna durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) siguen dilucidándose lentamente. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha extendido el caso a un nuevo personaje, del que poco se había escuchado hasta ahora. Cárdenas Fuentes entró bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016, por ser representante legal de una empresa llamada Obses de México SA de CV. Entre 2010 y 2016, la compañía recibió contratos del Gobierno federal y algunos Estados por 281,9 millones de pesos y transfirió simultáneamente 4,9 millones de pesos a las cuentas del empresario.

Según relató este miércoles Arturo Medina, procurador fiscal, Cárdenas Fuentes estaba vinculado con “más de cinco” empresas que recibieron un monto superior a los 600 millones de pesos del Gobierno federal por contratos de espionaje y seguridad. El Gobierno de López Obrador lo relaciona también con el esquema que encabezaba García Luna para desviar fondos al exterior. “Ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a Cárdenas Palomino y evidentemente a Genaro García Luna”, ha explicado Medina.

Las empresas Adamantium Private Services y Nunvav Technologies Inc, de acuerdo al procurador fiscal, fueron los instrumentos usados para “enviar recursos a Estados Unidos, resultante de hechos de corrupción mediante esquemas complejos de desviación de recursos públicos por montos que ya ha dado a conocer también la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] por más de 745 millones de dólares”. Entre los datos que “permiten dimensionar” la situación, Medina ha destacado que “Cárdenas Fuentes adquirió un Ferrari 458 Spider 2014 por 5,6 millones de pesos y fue beneficiario de una donación de un inmueble por 50.8 millones de pesos en septiembre del 2016″.

Cárdenas Fuentes se amparó el año pasado para evitar que el SAT ingresara a su propiedad con el fin de realizar una revisión de las cuentas. El mecanismo que determina cómo se lleva a cabo ese control es el que ha llegado este miércoles a la Corte. Tras el rechazo al proyecto para avalar el amparo, presentado por el ministro Luis María Aguilar, el asunto caerá en manos de la ministra Loretta Ortíz, una de las cercanas al presidente López Obrador.

El Gobierno lleva meses poniendo el dedo sobre el rastro del dinero que ha dejado García Luna. Le acusan de haberse hecho con millonarios contratos para la venta de equipos de espionaje durante la Administración de Peña Nieto. La entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía) compró una plataforma de intervención telefónica a una empresa vinculada al exfuncionario y luego contrató a otra empresa vinculada a la misma red para dar mantenimiento a los aparatos. Esto ha impulsado que el Ejecutivo promoviera una demanda en un tribunal de Florida contra el exjefe de la Policía por el presunto desfalco de cientos de millones de pesos a través de contrataciones irregulares.

La Administración de López Obrador también ha intentado dar la batalla del lado sur de la frontera, pero con más dificultad. En febrero de este año acusó a un grupo de jueces por haber supuestamente protegido a Cárdenas Palomino, quien fue el brazo ejecutor de García Luna durante años. El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo entonces que el exmando de la Policía Federal había recibido “el amparo de la justicia”, citando a un amparo otorgado al exfuncionario. En esa ocasión, el tribunal había ordenado a la UIF quitar a Cárdenas Palomino de la lista de personas cuyos recursos financieros fueron bloqueados.