La presidenta Claudia Sheinbaum deslindó al Gobierno federal del caso de Dafne, la menor que murió después de permanecer en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Tamaulipas. La mandataria afirmó que el Gobierno de Tamaulipas debe investigar el caso porque esa institución no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las declaraciones de Sheinbaum generaron críticas entre quienes esperaban una participación más activa de la Federación en un caso que ha provocado indignación pública.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta explicó que las academias militarizadas funcionan como centros educativos estatales con formación basada en disciplina militar. Por ello, insistió en que las autoridades tamaulipecas deben revisar la operación del plantel y esclarecer los hechos.

«No dependen de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros», declaró.

Sin embargo, la Ley General de Educación (LGE) distribuye las responsabilidades de supervisión entre autoridades estatales y federales. La legislación exige que toda institución privada obtenga una autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), documento que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la autoridad educativa estatal, según el nivel educativo.

La misma ley obliga a las autoridades que entregan esos permisos a inspeccionar los planteles al menos una vez al año para verificar que cumplan con la normatividad. Cuando detectan irregularidades, pueden imponer multas, revocar el RVOE o clausurar la institución.

La legislación, sin embargo, no regula de manera específica la formación militar que ofrecen las escuelas privadas. Ese vacío legal limita la supervisión especializada de este tipo de academias y abre cuestionamientos sobre los mecanismos de control existentes.

Sheinbaum dejó la exigencia de justicia para el cierre de su mensaje. Después de centrar su intervención en delimitar la competencia de las autoridades estatales, concluyó: «Y se haga justicia, obviamente en este caso».