La Ley De Memoria Democrática permitirá que descendientes españoles de alrededor del mundo puedan obtener la nacionalidad española. La Voz de América habló con expertos, quienes detallaron cuáles son los requisitos para aplicar.

Tras meses de deliberaciones en las cortes, la Ley De Memoria Democrática, conocida popularmente como “Ley de Nietos”, entrará en vigor esta semana tras ser inscrita en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según apuntó el ministro de la Presidencia a través de Twitter.

A través de la ley, se espera que hijos y nietos de españoles puedan obtener el pasaporte del país ibérico, algo que ha creado una gran expectativa en la región.

“Hemos tenido 3,000 emails y han colapsado el servidor” señala Estela Marina Pérez, Consejera Delegada del Grupo Aristeo, con sede en Madrid, y experta en inmigración y extranjería: “El 98% son de Cuba, luego tenemos Venezuela, luego México y luego Argentina”

Por su parte, la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del gobierno español, Ángeles Moreno, anunció este martes que la administración “reforzará” los consulados de España en exterior y los dotará “de una mejor digitalización”, algo que según apuntó la diplomática, será “esencial” por las “avalanchas” que habrá debido a las crecientes solicitudes de nacionalidad española.

Moreno, además, señaló que algunos de los países donde se esperan más solicitudes son Argentina, Cuba y México.

Personas hacen cola en el Consulado español de Buenos Aires para obtener la nacionalidad del país ibérico el 27 de diciembre de 2011 bajo el marco de la «Ley de Memoria Histórica» de 2007.

Personas hacen cola en el Consulado español de Buenos Aires para obtener la nacionalidad del país ibérico el 27 de diciembre de 2011 bajo el marco de la «Ley de Memoria Histórica» de 2007.

¿Quiénes pueden aplicar para obtener la nacionalidad?

“El supuesto primero son aquellos hijos e hijas nacidos fuera de España y de padres, madres o abuelos y abuelas que por una razón política hubieran tenido que emigrar fuera de España y perdieron y renunciaron a su nacionalidad” dijo a la Voz de América el abogado Cristian Balcells, director del bufete Balcells Group, despacho especializado en inmigración y extranjería y con sede en Barcelona.

También podrán beneficiarse de la ley las personas cuyos abuelos o padres tuvieron que exiliarse de España por motivos de discriminación, orientación sexual o ideología, apuntó Balcells.

Los hijos e hijas de mujeres que perdieron la nacionalidad española antes de 1978, cuando se aprobó la Constitución actual, también podrán obtener la nacionalidad explicó la experta Estela Marina Pérez: “Estamos hablando de esos hijos que no pudieron optar porque en el momento del nacimiento o posterormente su mamá se casó con un extranjero y la ley establecía que se perdía la nacionalidad por orden de Franco”.

El tercer colectivo que podrá obtener el pasaporte europeo son los hijos e hijas mayores edad cuyos padres, madres, abuelas o abuelos obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada bajo el gobierno del expresidente socialista José Luís Rodríguez Zapatero y la cual permitió que algunos descendientes de españoles pudieran nacionalizarse.

Pérez señala que esta ley benefició a “un colectivo muy reducido”: “Hablaba de nietos, no hablaba

Con la legislación que está a punto de entrar en vigor, la experta espera que “mucha gente se beneficie”: “Que no pase lo que pasó en 2007, que por desinformación la gente no tenía conocimiento» concluye.

Por otro lado, los expertos señalan que será “fundamental” que los solicitantes puedan probar “de manera minuciosa” que cumplen los requisitos para obtener la nacionalidad. Además, advierten que los bisnietos no podrán beneficiarse de la nueva normativa.

¿Cuáles son los plazos para tramitar la nacionalidad?

Aunque hasta que no se publique en el BOE no se conocerán todos los detalles, los especialistas adelantan que los solicitantes dispondarán de dos años para realizar los trámites administrativos, y tendrán la posibilidad de ampliación de un año.

Por otra parte, Balcells explica que una vez los solicitantes hayan completado la petición de nacionalidad vía consular o telemática, “la administración tendrá un plazo de 6 meses para resolver el expediente o bien requerir documentación adicional”.

Tras medio año, si la administración no emite ningún requerimiento o contestación “se entendrá que la solicitud de nacionalidad ha sido favorable” comenta el letrado. “Entonces el ciudadano al que se le otorga la concesión tendrá 180 días para tramitar su nacionalidad, es decir, el pasaporte en el Consulado de España o en el registro civil si está en España” .

“Me gustaría ir a España”:

Desde Caracas, María Padrón explica que sus padres llegaron a Venezuela desde Las Palmas de Gran Canaria en 1949, durante la posguerra española.

“Mis padres vinieron en un barco de vela que hizo mi abuelo, imagínate”, relata. “Creo que fue mes y medio el viaje”.

Padrón cuenta con la nacionalidad española debido a la ley de 2007, pero sus hijas no pudieron obtenerla, ya que eran mayores de edad en el momento que la norma entró en vigor; Ahora esperan poder obtenerla a través de la Ley de la Memoria Democrática y emigrar:

“Y que los muchachos de nosotros puedan hacer algo, porque tú sabes como está el país en estos momentos” añade Padrón en referencia a la crisis política, económica y social que sufre el país gobernado por Nicolás Maduro.

Kevin Guzmán, también de Caracas, explica que sus abuelos y su madre son españoles. También espera obtener la nacionalidad y emigrar al país ibérico:

“Ya yo recaudé todo lo que están pidiendo para más o menos tener un tiempo estimado rápido y sacar los papeles” señala el joven, quien añade “Me gustaría ir a España. Ver todo eso, conocer donde nacieron mis abuelos”

Según los expertos casi 500,000 españoles se exiliaron a causa de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Francia fue el principal receptor, pero países latinoamericanos como México, Argentina, Venezuela y Cuba también acogieron a un gran número de familias españolas que abandonaron forzosamente su hogar.

Además de abrir las puertas de España personas cuyos antepasados tuvieron que exiliarse de ese país, la “Ley de la Memoria Democrática” declara ilegales los tribunales franquistas y sus sentencias y da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos durante guerra civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

El gobierno español señaló que la norma “está con las víctimas y consigue iniciar un nuevo camino, situando a España al mismo nivel que otras democracias europeas y ajustando el país a los principios de derecho internacional”.

La ley se aprobó de manera definitiva en el Senado el 5 de octubre tras meses de deliberación y la oposición de grupos conservadores como VOX, Ciudadanos y el Partido Popular. Precisamente el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, principal líder opositor, anunció su intención de derogar la ley si llega a gobernar tras las elecciones presidenciales de 2023.