Instalaciones que iban a ser utilizadas como un cuartel en fueron invadidas por particulares para instalar un centro de rehabilitación de adicciones. A esto, el Gobierno del Estado de Guanajuato lo desalojará.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, adelantó que el inmueble ubicado a la salida de la carretera León-Silao, será desalojado de inmediato, no solamente porque de forma ilegal, ha sido invadido por particulares para instalar un anexo, sino porque en cualquier momento puede derrumbarse.

Primero señalar que es un lugar que se donó a la Sedena en el año 2008 o 2009. Estamos en comunicación con nuestros generales, ellos están conscientes de que el lugar está invadido en este momento”.

El funcionario estatal recordó que el sitio está consignado como propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Registro Público.

Jiménez Lona informó que el anexo clandestino dentro de la propiedad federal lleva el nombre de  ‘Nacer de Nuevo’, y representa un peligro pues está dentro de una obra con grandes fallas y no cuenta con los permisos para ofrecer tratamientos y atención integral. Además el inmueble carece de servicios de agua potable, drenaje y electricidad.

Cabe recordar que los invasores cobran por ‘tratar’ a pacientes de adicciones, hasta 500 pesos a la semana, sin contar que los familiares de los internados deben llevar comida y papel de baño.

El funcionario estatal recordó que el sitio está consignado como propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Registro Público.

Jiménez informó que el anexo clandestino dentro de la propiedad federal lleva el nombre de  ‘Nacer de Nuevo’, y representa un peligro pues está dentro de una obra con grandes fallas y no cuenta con los permisos para ofrecer tratamientos y atención integral.

Cabe recordar que los invasores cobran por ‘tratar’ a pacientes de adicciones, hasta 500 pesos a la semana, sin contar que los familiares de los internados deben llevar comida y papel de baño.

Excélsior publicó un reportaje sobre el cierre del cuartel el 26 de enero de 2020.

La construcción cuenta con daños estructurales y debe ser demolida, de acuerdo con autoridades locales.