Adelfo Regino Montes, director general del INPI, indicó que los avances en la elaboración de la Ley sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos es un resultado que ha sido forjado al calor de las luchas, al paso del tiempo y de la historia de nuestros pueblos.

En cumplimiento con el compromiso de la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de consolidar la Reforma Constitucional al artículo 2°, el Comité Técnico encargado de elaborar el Proyecto de Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos celebró su sexta sesión de trabajo. Durante la reunión se abordaron propuestas clave para garantizar los derechos de mujeres, infancia, jóvenes, migrantes y residentes indígenas.

Para ello, se establecieron cuatro mesas de trabajo centradas en distintos ejes: derechos de comunidades indígenas y afromexicanas, garantías específicas para sectores vulnerables y los mecanismos de responsabilidad y sanciones.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó el esfuerzo colectivo detrás de esta iniciativa y subrayó la participación de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica en el proceso. En tanto, Ángeles Arcos, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, enfatizó que la futura ley representará un cambio trascendental en la defensa y protección de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Por su parte, Alejandro Vázquez Segura, titular de la Unidad de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, resaltó el carácter histórico del proyecto, al considerar que el bienestar de estas comunidades es clave para el desarrollo del país.

Hacia una legislación integral

Durante la sesión, se revisaron avances previos, como la estructura preliminar de la iniciativa, el derecho a la consulta libre, previa e informada, así como la propuesta del Libro Segundo sobre los derechos de los pueblos afromexicanos. Regino Montes explicó que, además de reconocer derechos sustantivos, el marco legal debe contemplar procedimientos claros para su cumplimiento y las sanciones en caso de violación.

Asimismo, se destacó la reciente iniciativa presidencial para reformar los artículos 4° y 27° de la Constitución, con el fin de reconocer el maíz nativo como Patrimonio Biocultural, en respuesta a la controversia comercial generada por las restricciones a la importación de maíz transgénico.

Cierre de sesiones y perspectivas

En el acto de clausura, Claudia Olivia Morales Reza, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, resaltó que el Comité Técnico se ha convertido en un espacio de diálogo y formación que permite visibilizar las realidades de los pueblos indígenas. La senadora Susana Harp, por su parte, hizo un llamado a consolidar una legislación de largo alcance que continúe ampliando derechos y fortaleciendo a las comunidades.

Víctor Hugo Toledo, representante de la Secretaría de Gobernación, elogió el enfoque participativo del proceso, calificándolo como un proyecto colectivo alineado con la visión del gobierno. Finalmente, José Alberto López Damián, de la Consejería Jurídica, subrayó que esta reforma representa una transformación profunda dentro del sistema jurídico mexicano, al integrar de manera armónica las estructuras de gobierno de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

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Al evento asistieron legisladores, expertos en derecho indígena y representantes de diversas instituciones comprometidas con la consolidación de esta iniciativa.