El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó ayer a las autoridades de Los Ángeles por sus políticas de protección a inmigrantes.

Las políticas de ciudad santuario de Los Ángeles no sólo son ilegales bajo la ley federal, sino que, como se alega en la demanda, la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración contribuyó a la reciente anarquía, disturbios, saqueos y vandalismo”, expresó la dependencia en un comunicado.

La secretaría recordó que los disturbios “fueron tan severos que requirieron que el gobierno federal desplegara a la Guardia Nacional de California y a los Marines para sofocar el caos”.

La demanda, presentada en un tribunal de California, nombra directamente a la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, así como al presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris Dawson, y al cuerpo legislativo en pleno.

Aunque la ciudad era considerada una ciudad con beneficios para inmigrantes, el Concejo Municipal oficializó la definición de santuario con una orden de noviembre del año pasado, tras la elección del republicano Donald Trump para la presidencia.

El decreto municipal limita la cooperación de las autoridades locales con las federales en la aplicación de las leyes migratorias de Trump.

La iniciativa local prohíbe utilizar recursos municipales para ejecutar las directrices federales en materia de migración, así como el intercambio de información con las autoridades federales al respecto.

Sin embargo, con la querella, el gobierno federal busca que el tribunal declare ilegal la ordenanza, y prohíba a las autoridades locales aplicarla.

Los Ángeles, donde más de un tercio de la población es inmigrante, se ha convertido en el epicentro de la batalla contra la política antimigración del presidente Trump, quien llegó al poder prometiendo deportar a millones de personas.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca en parte gracias a una ola antimigración y bajo la promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, a quienes calificó de “criminales” y “lo peor de lo peor”.

El aumento de las redadas en lugares de trabajo a comienzos de mes desató una ola de protestas en el centro de la ciudad.

Bajo la presión de sus autoridades migratorias de incrementar las detenciones diarias, los operativos en las calles han llegado a lugares de trabajo como lavados de autos y ferreterías.

Activistas, organizaciones no gubernamentales y familiares denuncian la detención de personas sin antecedentes penales, identificados por permanecer o entrar en Estados Unidos ilegalmente.

En el marco de las manifestaciones en la ciudad de Los Ángeles, han sido detenidos más de 220 mexicanos, según autoridades de nuestro país.