Un juzgado ordenó ayer a Texas retirar antes del 15 de septiembre la cadena de boyas que colocó sobre el río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México.

El juez federal David Ezra, del distrito oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del río.

Ezra reprendió al gobierno estatal, que encabeza Greg Abbott, por no haber solicitado autorización federal antes de instalar las boyas.

Decenas de boyas de color naranja brillante forman una barrera de agua más larga que una cancha de futbol en un tramo de río donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México.

Texas también instaló alambre de púas y vallas de acero en la frontera, al tiempo que ha autorizado a agentes armados a arrestar a inmigrantes acusados de invasión de propiedad  privada.

Todo esto como parte de una ofensiva contra el flujo migratorio que ordenó Abbott en reclamo a la gestión migratoria del gobierno federal estadunidense.

El caso llegó a un juzgado en el marco de la impugnación legal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó a Texas de colocar una barrera en la frontera internacional sin permiso.

La administración del presidente Joe Biden coincidió en que la barrera de agua planteaba preocupaciones humanitarias y ambientales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que estas boyas representan un problema humanitario y diplomático, porque van en contra de los tratados fronterizos celebrados con México.

El gobierno federal celebró la medida.

“Estamos satisfechos de que el tribunal haya determinado que la barrera es ilegal y pone irremediablemente en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los agentes federales en el río Bravo y sus alrededores”, reaccionó en un comunicado la fiscal federal Vanita Gupta.

Desde hace varios años, gobernadores y legisladores republicanos, Abbott entre ellos, denuncian la llegada de inmigrantes ilegales, calificándola de “invasión”.

Sin embargo, la administración Biden afirma que el número de cruces ilegales se redujo significativamente desde que se introdujeron nuevas normas para optar al derecho de asilo.

“Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional (estatal) para afrontar la crisis que han causado. Texas lo verá en los tribunales, señor presidente”, apuntó Abbott luego de la difusión del fallo.

Además, la oficina del gobernador de Texas anunció que apelará la sentencia, al considerarla incorrecta.

“La decisión de hoy simplemente prolonga la negativa del presidente Biden a reconocer que Texas está legítimamente dando un paso al frente para hacer el trabajo que debería haber estado haciendo todo el tiempo”, aseguró el gobierno estatal, del Partido Republicano.

En agosto pasado, una comisión de funcionarios de México y Estados Unidos determinó que 80% de la hilera de boyas está ubicada en el río Bravo, a la altura de Piedras Negras.

• 2 personas murieron a causa de la barrera acuática que separa México de Texas.

El dato

Costo

• El gobernador de Greg Abbott gastó un millón de dólares por instalar el muro flotante en el río Bravo, como parte de sus políticas contra migrantes que llegan de México.